En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que en caso de separación o divorcio, se debe establecer una pensión de alimentos para los hijos menores de edad. El objetivo de esta pensión es garantizar el sustento y las necesidades básicas de los hijos, independientemente de con qué progenitor convivan.
Para establecer la cantidad de la pensión, el juez se basa en los ingresos de los progenitores, las necesidades de los hijos y los gastos que se prevén para ellos. En el proceso de establecimiento de la pensión de alimentos, el juez recoge toda la información sobre los ingresos y los gastos de los progenitores, así como las necesidades de los hijos, para poder determinar el importe de la pensión.
La pensión de alimentos puede incluir gastos relacionados con la alimentación, la educación, la salud y el ocio de los hijos. Además, el juez también puede establecer una pensión compensatoria para el cónyuge que tenga una situación económica más desfavorable, en función de las necesidades de este y de la capacidad económica del otro cónyuge.
Es importante destacar que el progenitor que no convive con los hijos y que esté obligado a pagar la pensión de alimentos, no puede decidir en qué se gasta el dinero. El destinatario de la pensión es el hijo, por lo que la pensión debe utilizarse para cubrir las necesidades del menor.
Si se produce un cambio en la situación económica de alguno de los progenitores, como una pérdida de trabajo o un aumento de los ingresos, puede solicitar la modificación de la pensión de alimentos. En este caso, el juez volverá a analizar la situación económica de los progenitores y las necesidades de los hijos, para determinar si se debe modificar la cantidad de la pensión de alimentos.
En conclusión, cuando un juez establece una pensión de alimentos, se basa en los ingresos de los progenitores, las necesidades de los hijos y los gastos que se prevén para ellos. La pensión de alimentos incluye los gastos necesarios para cubrir la alimentación, la ropa, la educación y la salud de los hijos. Si se produce un cambio en la situación económica de alguno de los progenitores, puede solicitar la modificación de la pensión de alimentos.